La Asociación Marroquí denuncia la decisión del Gobierno de reabrir los CIE

para expulsar a las personas migrantes que no cumplan el perfil de

solicitantes de protección internacional

El Ministerio del Interior ha ordenado la reapertura de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

de España, después de que permanecieran cerrados y vacíos desde el pasado 6 de mayo estas instalaciones policiales diseñadas para poder ejecutar la expulsión de personas migrantes que llegan a territorio español. Desde la Asociación Marroquí mostramos nuestro más rotundo rechazo ante una medida que supone un retroceso en materia de

derechos humanos y, concretamente, de derechos de las personas migrantes.

Málaga, 25 de septiembre de 2020. La Asociación Marroquí para la integración de los inmigrantes muestra su máximo rechazo a la orden de reabrir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En plena nueva ola de la COVID-19, el Gobierno ha considerado mediante un oficio  de la Secretaría General de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras donde informa a las Unidades de Coordinación Operativa Territoriales que se "reinicia la actividad operativa" en los CIE de la península con el internamiento de personas que lleguen en pateras y cayucos. 

Tras haber permanecido inoperativos ante la imposibilidad de deportar a las personas migrantes por el cierre de fronteras debido a la pandemia, ahora el Gobierno considera que se volverán a encerrar a personas en situación irregular y activar así la política de retorno en coordinación con los consulados de los países de origen para materializar las expulsiones. 

Nos parece vergonzoso y lamentable que ante la vulnerabilidad y la situación de desamparo y de emergencia de la pandemia, se les encierre en los CIE, lugares que han supuesto en sus más de 30 años de existencia la vulneración de derechos fundamentales y la privación de libertad. Miles de personas pasaron encerradas en condiciones injustas e indignas por el mero hecho de tener una situación administrativa irregular. Además de que estos centros imposibilitan que se cumplan las medidas sanitarias por la COVID-19, lo que supone que el internamiento en estos momentos sea inseguro, haya alto riesgo de contagio e incertidumbre al ser centros con alto grado de opacidad. 

Condenamos la decisión de reabrir estos CIE porque rompen proyectos de vida, porque el encierro implica una privación de libertad, lo que se une el agravado en los casos en que se ejecutan las expulsiones. La pandemia nos hizo ver que sin los CIE no tiene porqué derrumbarse el modelo migratorio, y que son solo una parte de la muestra de una política migratoria racista. El vaciamiento de estos Centros no ha frenado el racismo institucional, que sigue desplegando la maquinaria de deportación en plena pandemia e incumpliendo los derechos humanos. 

Esta decisión, además coincide con que Bruselas reabrió este miércoles el debate de la reforma migratoria con una propuesta brutal y desproporcionada. La Comisión Europea, tras los últimos incendios ocurridos en los campos de refugiados de Moria y Samos, apuestan por el blindaje de la frontera exterior de la UE y las expulsiones de migrantes, además de acabar con las cuotas obligatorias en el reparto de personas refugiadas. Pedimos que se cumplan los Derechos Fundamentales y el cese de la maquinaria de deportación desplegada en plena pandemia. La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes denuncia esta flagrante vulneración de los derechos humanos y exigimos: 

- Eliminación del período de tres años de irregularidad como condición para acceder a los procesos de regularización más comunes, como el arraigo social.

- Desvinculación del reconocimiento de derechos –entre ellos el de residencia y trabajo y sus renovaciones –de las circunstancias y condiciones laborales.

- Reconocimiento de permisos indefinidos, de estancia y trabajo, a quienes provienen de la tutela de las administraciones al llegar a la mayoría de edad.

- Reconocimiento político del derecho al voto para las personas migrantes que llevan al menos un año viviendo en el Estado español.

- Asignación de permisos de residencia y trabajo cíclicos, es decir que si en una situación de crisis, una persona decide retornar a su país o emigrar a nuevos destinos, no pierda los derechos adquiridos en el Estado español.

- Eliminación de la diferencia de plazos para acceder a la nacionalidad española entre nacionales de uno y otro país.